Actividad política

Muchas gracias, buenas noches a todos.
Vamos a hacer un pequeño abordaje teórico para después centrarnos en la realidad nacional. Lo voy a ceñir al aspecto de la seguridad que está relacionado con el problema del delito, el aumento de la inseguridad en la calle, la prevención, pese a que el término “seguridad” tiene una tremenda amplitud. Uno podría hablar del delito en términos del poder internacional y sus ramificaciones, del delito organizado, de la corrupción o de los delitos más comunes. En este sentido, el aumento del delito en nuestro país tiene que ver con la policía, con la prevención, con la pobreza, la miseria y la marginalidad, con la corrupción, está vinculado en forma directa con esto.
El tema del lavado de dinero internacional, las islas Caimán, los depósitos en cuentas extranjeras, la sobre y subfacturación, etc., necesitaría un enfoque especial y otro abordaje; quiero que sepan que no me olvido de eso.
Como fenómeno social, el delito implica un incumplimiento masivo de leyes penales. Básicamente estamos hablando del delito contra la propiedad; los robos y hurtos, su vinculación con el homicidio y otras situaciones de violencia.
EL delito como fenómeno sociológico es algo inherente al capitalismo. Y deberá terminar junto con el capitalismo. En última instancia, el capitalismo es un delito.
El proceso es así. En la baja Edad Media, alrededor de 1400 – 1500, cuando se empieza a desarrollar la estructura económica mercantil proto-capitalista, aún en un sistema político feudal, se comienza a configurar el mapa de Europa casi como lo está actualmente, bajo el sistema político de la monarquía. En ese momento es cuando se desarrollan por primera vez en la faz de la Tierra, en ese ámbito geográfico de Europa occidental y central, dos fenómenos masivos que no se habían dado como tales anteriormente: la pobreza y el delito.
Sócrates cometió un delito, lo juzgaron y tomó la cicuta. El arquetipo de la ley y su violación existía desde que existe el Estado y el derecho, pero no como fenómeno social. Había guerras, esclavitud y otras manifestaciones de violencia, pero Grecia y Roma no sufrían el delito como problema social.
La destrucción de la estructura feudal lo primero que produce es desocupados. No libres, sino desocupados. Porque quedan libres, pero al mismo tiempo sin trabajo. Y estas masas inmensas -calculen que el 90% de la población vivía en el campo en esa época- empiezan a deambular, a acercarse a las ciudades, que por supuesto todavía no estaban en condiciones de absorberlas por contar con industrias incipientes que necesitaban su tiempo para desarrollarse.
Ese era el escenario, el de la villa, el amontonamiento de gente en los alrededores de las ciudades esperando ingresar a alguna forma de circuito productivo. De aquí surge la palabra “villano” con su sentido negativo. A tal punto hay una relación entre este fenómeno de desocupación masiva y sus consecuencias de vagancia, merodeo, pillaje -no sé si les suenan estos términos- que las primeras leyes relacionadas con el delito propias de la época isabelina (alrededor de 1500) eran las leyes de pobres, las “pour laws”. Las leyes de pobres no eran leyes de desarrollo social, sino de cómo controlarlos socialmente. Controlar aquel nuevo fenómeno del peligro del desorden masivo, del peligro del atentado contra la naciente propiedad privada.
Las personas eran libres e iguales, pero como en realidad había unos que eran más iguales que otros, el tema era cómo controlar sin echar mano a las viejas estructuras de dominación de la esclavitud o la servidumbre. Tenemos, entonces, un individuo libre, en circulación, pero a la vez controlado. En este esquema es que aparece en la agenda política el problema del delito, del control social, y las primeras cárceles. Las primeras cárceles son ensayos para apartar a este tipo de individuos de las masas. Lo primero fue el castillo en la media Inglaterra, llamado “hospicio” o casa de corrección, casas de trabajo (“work houses”). El objetivo era cómo ir adiestrando a estas masas de vagabundos que –además- vienen del campo y no tienen la disciplina del horario y el ritmo de la fábrica, para prepararlas para cuando la fábrica las necesitara. Se trata de los ejércitos de reserva de que habló Marx, refiriéndose a la necesidad del capitalismo de tener una gran cantidad de desocupados para poder regular siempre la fuerza del trabajo. Este es el inicio, la base sociológica del delito como violación de las leyes sociales.
A partir de aquí se ha teorizado mucho sobre la cuestión. La primera teoría fue la que ahora se llama clásica, a partir de la cual se inventa el derecho penal moderno como intento de explicar racionalmente la situación. Quienes ostentaban el poder veían un futuro venturoso para el nuevo sistema, sobre todo comparado con el viejo régimen, con el feudalismo. Es un sistema de libres e iguales, el famosos sistema del contrato social. Todos iban a ser libres e iguales y además iban a progresar mucho económicamente, el mundo iba a brindar muchas oportunidades para todos.
Nace el paradigma del contrato: somos todos libres, somos todos iguales, nos asociamos para vivir en paz, en sociedad. Como somos todos libres e iguales, expresamos nuestra libre voluntad y lo que decimos que está prohibido lo decimos entre todos. Quien viole la prohibición será pasible de recibir la letra chica que existe en todo contrato.
Esta visión ideal de la sociedad -o de lo que ellos pensaban que debía ser o hacia dónde iba la sociedad fundada en esta primera visión- es una visión clásica que nos acompaña hasta ahora. ¿Qué es el derecho penal? Es eso, es un catálogo de conductas prohibidas fijadas para todos por igual. La ley se considera conocida por todos y el que comete la violación debe ser castigado. Se trata de una visión que consideraba al delincuente como una persona muy extraña, como una minoría, porque si la sociedad capitalista o burguesa iba a dar oportunidades para todos y todos, trabajando, se iban a desarrollar, ¿quién y por qué razones iba a violar el contrato?
Lo más importante en aquellos momentos era definir claramente cuáles eran las conductas prohibidas. No caer en el discurso místico sino racionalizar las penas, establecer sus respectivas gravedades, duraciones, etc. Y determinar que ello tendría, además, un efecto disuasor.
He aquí la base del pensamiento actual que sostiene que cuando hay problemas delictivos lo que hay que hacer es modificar el código penal. Para el caso de que el contrapeso de la ley penal no resulte suficiente, entonces habrá que ponerle un poquito más de peso en la balanza. Es un pensamiento muy esquemático, muy racional, el esquema clásico del contrato social fundante del liberalismo que traerá la “riqueza de las naciones” y que luego tomarán la sociología y la psicología social.
Como todos sabemos, no fue como se pensaba. La experiencia termina al cabo de la segunda revolución industrial con una importante cantidad de pobres y marginados. Ya en aquel momento existía, aunque ustedes no lo crean, desarrollo económico sin redistribución, eso es inherente al capitalismo.
Junto con el gran desarrollo económico nacen la clase obrera, lumpenproletariado, los excluidos. Hay muchas versiones científicas, literarias y pictóricas de lo que Londres o París eran por entonces, la cuestión es que la gente seguía cometiendo delitos, no todos entendían el contrato social. No sé qué pasaba: a todos les iba a ir muy bien pero había mucho delito; no sólo había mucho delito, sino que además estaban apareciendo nuevos delitos. Por ejemplo, la asociación ilícita, a partir de las asociaciones laborales entre obreros, la reunión de personas para conspirar contra el contrato; aparece el anarquismo como delito.
La teoría clásica comienza a hacer aguas, a no ser tan funcional al naciente sistema económico y social, la represión comienza a ser cada vez más masiva. Y más salvaje. Comienza la etapa del panóptico, el método de control social que denuncia Foucault en “Vigilar y Castigar”. El planteo del sistema, desde el poder del sistema, es: si todos somos libres e iguales y hemos firmado un contrato social, ¿por qué toda esta cantidad de gente sigue violando las leyes fundamentales, sobre todo las relacionadas con la propiedad privada? Esto quiere decir, entonces, que no somos tan “libres e iguales”. La respuesta que el sistema –el poder- confecciona es: “se ve que hay gente mala”. Y el desarrollo incipiente de las ciencias médicas y biológicas de la época en una suerte de “proto-antropología”, le dará la razón. O le dará razones, apelando al origen de las especies y del hombre. Esto es, quienes a pesar de todo el desarrollo siguen cometiendo delito no es porque no entienden el contrato, sino que no lo entienden porque son cuasi-humanos.
Es interesante lo que decía Lombroso, el artífice más extremo de este pensamiento. Él decía que durante los nueve meces de gestación humana en el seno materno, en la “ontogenia”, el ser humano reproduce los millones de años de desarrollo desde los primeros protozoarios hasta el ser humano. En esos nueve meses, desde el huevo o cigoto que vendría a ser la ameba, pasando por el pescadito, el reptil, el mamífero, el mono y el ser humano, el feto va adquiriendo morfológicamente, en esos nueve meses, todo el desarrollo de la vida en la Tierra durante miles de millones de años, desde la vida unicelular en adelante.
Ahora bien, en algún punto de esos nueve meses algunos quedan especialmente marcados por alguna de esas etapas. Es decir, quedan medio pescados (¡que los hay!). Después hay muchos que quedan medio monos, es lo que se llama “atavismo” y produce la maldad. Nosotros, en cambio, somos todos perfectos, tuvimos unos nueve meses bárbaros de gestación, pero algunos otros quedan marcados. Esos que quedan marcados son malos. “Y (agregado por una persona presente) seguramente también son pobres”.
Según la clasificación de Lombroso, está el que nace homicida, el que nace violador, el que nace estafador y el que nace ladrón. A medida que profunciza su teoría, todo esto se nota en la cara del delincuente, la frente, las orejas, en sus rasgos físicos. Yo no repito nunca estas descripciones morfológicas de Lombroso porque vengo del Sur de Italia y se parecen mucho a mí.
¿Cómo justifica Lombroso que se trata de pobres? Porque va a buscar la cara del delincuente adonde el delincuente ya está, es decir, a la cárcel. Y presume que todos los que están en la cárcel son delincuentes y todos los delincuentes están en la cárcel. Sin definir siquiera qué es un delincuente, sino que va a la cárcel de Milán que estaba poblada de los campesinos del Sur de Italia, que habían migrado a los alrededores de las grandes ciudades. Allí no iba a encontrar a un distinguido ciudadano del centro de Viena, Venecia u otra ciudad de la Europa “civilizada”.
En definitiva, el discurso se fue modificando para adecuarlo a los cada vez mayores niveles de control y represión social que ya no se satisfacía con el paradigma del contrato y empezaba a tener que connotarse con principios racistas, de razas peligrosas, de clases sociales peligrosas. Un control social más duro en una Europa que se desbarrancaba hacia la primeras grandes crisis del capitalismo.
El esquema del contrato social era demasiado liberal, porque se lo aplicaba recién con la comisión del delito. Pero al determinarse que fulano de tal es peligroso o sospechoso, se justifica teóricamente el control social. Lombroso, que era descendiente de judíos por parte de padre y de madre, no se imaginó jamás que iba a suceder lo que finalmente sucedió. De lo que se trata es, finalmente, de justificar la colonización europea de países como la India. De los alrededores de la villa a los alrededores de Europa. Del portador de cara de peligroso que merodea, del vagabundo, del preso en los servicios penitenciarios vigilados desde el panóptico, al colonialismo y el imperialismo del capitalismo sobre las naciones y razas atrasadas.
Todavía conservamos muchas rémoras de este pensamiento positivista en la sociedad de hoy. Y después esto devino en la cuestión genética: ya nadie habla de la cara ni de la morfología, sino de los cromosomas. Y en esto resulta muy importante el descubrimiento del mapa del genoma humano, porque desmiente la posibilidad de agrupamientos generales, cada persona es distinta de otra, no hay razas genéticamente diferenciables, mucho menos nacionalidades, es más, somos mayoritariamente parecidos al genoma animal.
La historia continuó. Sobrevinieron las grandes crisis del sistema en Europa, el discurso decimonónico se torna insostenible, pero el sistema tuvo continuidad en los Estados Unidos de Norteamérica, con la relación entre matrices y subsidiarias, y comienza a desarrollarse la llamada globalización. Nace el discurso sociológico, la sociología va a intentar avanzar en una explicación más científica. Sobre todo el estructural-funcionalismo, la sociología más fenomenológica por un lado y la sociología funcionalista por el otro. Son las ramas que harán dos grandes “descubrimientos”.
Thomas Merton con la tensión social, la sociedad de consumo, la movilidad social, las pautas de consumo que son asimilables al éxito dentro de la estructura social. En definitiva, el sueño americano, pero no por vía del estudio y el trabajo sino de la explotación. Lo que Durkheim incorpora en este aspecto, hacia 1900, es el reconocimiento de las denominadas disfuncionalidades del sistema.
El otro gran sinceramiento de la sociología lo hace Sutherland, en una faomosa monografía que lee ante la Sociedad Americana de Sociología y más tarde convierte en la obra “El delito de cuello blanco”, al sostener que los ricos también roban, dicho esto dentro del concepto de hipercompetencia empresarial. Se trata de dos nuevas realidades del momento, la delincuencia organizada y la corrupción, no sólo ya el delito de los pobres.
En América Latina, no obstante, se siguió aplicando la idea de los clásicos y positivistas, la sociología americana –Merton y Sutherland, por ejemplo- era subversión.
En la Argentina de hoy, el 85 % de los delitos son robos y hurtos, tanto los denunciados como los no denunciados. Sobre eso llega el homicidio con ocasión del robo, los homicidios pasionales, las violaciones, y todo esto alrededor de cifras ocultas muy grandes. Y después también está toda la cuestión de la violencia familiar que también es muy difícil de cuantificar.
Pero cuando se habla de delito, y sobre todo de aquellos delitos que más preocupan a las clases medias y generan la presente sensación de inseguridad, estamos hablando del asalto a mano armada, básicamente. El robo con armas, los que entran a la casa a robar, la violencia, el patoterismo, etc. Estas tendencias de violencia, tanto el homicidio cuanto los delitos contra la propiedad –aquí y en toda Latinoamérica, tomando tramos de 10, 15 o 20 años- encuentran un paralelismo muy llamativo con los indicadores de pobreza, desocupación y abandono de escuela. Es así en todos lados. Empieza a subir el coeficiente Gini, el indicador que marca la regresividad en la redistribución del ingreso (Comentario del expositor: la pérdida de derechos, en realidad. No hay peor falta de derecho que morirse de hambre, porque inclusive para poder pararme y reclamar por un derecho tengo que comer y vestirme), y empieza a subir y subir el delito. Se la curva del ingreso y se ameseta el delito. Vuelve a subir y vuelve a subir el delito. Este es un dato insoslayable.
Una conclusión positivista podría decir “los pobres son declincuentes”. Eso sería criminalizar la pobreza.
Pero otra visión, una visión que ha complicado mucho al progresismo y a la izquierda de Latinoamérica, ha sido no aceptar que la masa grande de este tipo de delitos es cometida por jóvenes varones pobres, marginales. Y es así. Y eso no es criminalizar la pobreza sino reconocer una realidad. Criminalizar la pobreza sería si, de este análisis que es real, dedujéramos que la solución es reprimirlos. Si de este análisis, que es real, deducimos que lo que hay que hacer son políticas urgentes de inclusión, no estaríamos criminalizando la pobreza.
Ahora bien, por un exceso de cuidado en las definiciones, los sectores progresistas, rehuyendo muchas veces aceptar esta realidad, han permitido que estos espacios sean capitalizados exclusivamente por propuestas de derecha.
Si ante el reclamo de la sociedad “qué hago yo con el que me está robando, no puedo dejar el auto afuera porque me sacan el pasacaset, me entran a mi casa, no puedo mandar a mi hijo a la escuela solo”, el progresismo sólo responde: “peor son los delitos de los de cuello blanco, peor es el delito que comete la policía que viola los derechos humanos, todo esto es producto de la injusticia social y cuando se termine se va a terminar el delito, va a tener razón en los tres casos. Pero no va a haber dado ninguna respuesta, y por lo tanto va a dejar de ser escuchado para que el escuchado pase a ser Blumberg.
Este es un tema y un debate en el que hay que trabajar sin descuidar el contexto general y sin abandonar un discurso reflexivo, pero sí encontrar propuestas concretas, reales, que aborden esas necesidades concretas de un grueso de la sociedad en el corto plazo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo inmediato, cómo hacerlo. Es todo un desafío para el progresismo porque muchos de estos hechos delictivos golpean a los sectores más pobres. A los pobres que viven en las villas y son gente de trabajo, a quienes además les roban, los sufren. Y el daño que puede significar para una familia de precarísimos recursos el desapoderamiento de una garrafa o de una bicicleta, instrumentos fundamentales para su vida, es mucho mayor de lo que le puede pasar a un tipo de Barrio Norte al que le roban el Home Theater y el plasma, todo junto…
¿Por qué la izquierda no se ha hecho cargo de esto, de esta reivindicación real de masas, de muchos obreros a quienes se supone representa, y siempre ha contestado con argumentos no directos, válidos, justos, pero no directos? Es un tema complejo. Complejo, entre otras cosas, porque se trata de sectores pobres dentro de los pobres, en su mayoría varones de entre 17 y 30 años de edad. Cruzados, además, por un ocio improductivo donde está el alcohol, la droga.
Además, los territorios en los que estos jóvenes habitan están en su mayoría abandonados por el Estado, dejados de lado. Son territorios que están fuera de la vida civilizada de la atención, de los servicios, de la cloaca, de la escuela, del hospital, del registro civil, del basurero… Ámbitos a los que se suele llamar “tierra de nadie”.
Pero en realidad es peor, porque no son en verdad tierra de nadie, por haber sido cooptados por un poder alternativo, que es el poder clandestino de la banda del más fuerte, ya sea de estupefacientes, de armas, de autopartes de vehículos. Y eso genera un negocio importante que les permite ir creciendo y sumando nuevos socios al negocio, como puede ser alguien de la policía para que haga el encubrimiento necesario, alguien de la justicia y alguien del gobierno, que a su vez saca su rédito porque hace caja política. Con esto se empalma el clientelismo de una masa de gente que es presa de una situación extorsiva.
En este escenario de debilidad ciudadana extrema resulta prácticamente imposible siquiera hacer una denuncia, no digo un escándalo, sino una simple denuncia (porque hay miedo). En el mejor de los casos alguien puede simular: “denúncienme, yo después investigo”, pero después se va todo vuelve a ser igual.
Sumado a esto, existe gente que es hasta beneficiaria de esto. Sin ser cómplice, recoge algún derrame de clientelismo. Es una forma muy perversa y extorsiva de mantenerse en la franja del poder.
Esta destrucción de espacios institucionales y sociales, esta destrucción económica, social y política es lo que ha crecido en toda Latinoamérica, pero particularmente en Argentina, y es la base de la explicación de por qué nosotros pasamos en los últimos 20 o 25 años a niveles tan altos de este tipo de delitos. Además del otro tipo de delitos que también creció, como la corrupción, etc.
A las organizaciones políticas les cabe un planto muy serio ante el Estado, en primer lugar por la urgencia. Cuando se establece esta discusión sobre la seguridad hay que determinar seriamente cuáles son los recursos disponibles a nivel local, provincial y nacional para aportar a estos sectores juveniles y cuál va a ser la metodología del abordaje. Si la educación es obligatoria tiene que ser obligatoria y significa darle los recursos a todo el mundo para que pueda ir al colegio. Hacerlo obligatorio significa que pueda. Porque yo no puedo obligar a alguien que no puede ir, que no va a ir, que no está formado, que no tiene alguien que lo mande, no tiene nadie que lo vigile, lo acompañe, le exija y le dé. Esto está relacionado con el control de la seguridad.
Y esto no es criminalizar la pobreza, sino entender que hay mecanismos perversos que transforman estos jóvenes en peligrosos para terceros y peligrosos para ellos mismos, porque generalmente ellos mismos terminan o presos o muertos. La discusión sobre la seguridad en la Argentina debe incorporar en forma inmediata una política para estos jóvenes, incluida la capacitación laboral. Se trata de una franja de jóvenes que están ahí, que son perfectamente identificables y abordables. La propia gente del barrio sabe quiénes son. La propia gente pide que se haga algo con ellos. Toda discusión de seguridad que no ponga este problema por delante, por lo menos no es ética. Esto tiene que incluirse en la discusión. No es solo la discusión estructural del desarrollo social ni del empleo, esta es una discusión sobre la disminución del grado de violencia. Acá hay hoy un problema urgente de disminución de los niveles de violencia, si no queremos caer en el caso de Colombia y no queremos caer en el comando guerrillero de Río de Janeiro o en el reciente primer comando de la capital de San Pablo. Aquí hay que tener una política presupuestaria urgente para este sector juvenil, más allá de la discusión de fondo sobre el desarrollo social y los mecanismos de redistribución, que no tiene por qué abandonarse porque esto es parte de ella en última instancia. Pero esta es la agenda más urgente
Se trata, además, de de instrumentar un sistema de participación comunitaria para que esta gente, por ejemplo, no utilice esos recursos para comprar más balas, es decir, dar un encuadre social dentro del cual se va a trabajar, alrededor de la asociación de fomento, el comedor, la iglesia, lo que sea, en cada uno de estos barrios hay actores con los cuales se va a articular. Estas organizaciones pueden, incluso, movilizar a los sectores más sensibles, reclamar al intendente. Yo lo veo como un instrumento más a mano que otros como qué hacer con la educación. No son cuestiones incompatibles, pero si yo soy concejal se trata de una herramienta más cercana. El objetivo de esta estrategia consiste en la disminución del nivel de violencia.
Esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia de la Nación llama Programa de Juventud Vulnerable, ha tenido algunas aplicaciones exitosas, pero nunca ha pasado de ser un plan piloto. Entre otras cosas, debe establecer mecanismos que permitan que el plan llegue a los reales beneficiarios que a los que tiene que ir, y que sea no sólo una reinclusión económica precaria sino una inclusión política. Que la inclusión no sólo sea asistencial, sino política, en términos de construcción de ciudadanía, que se trate de un trabajo que permita la inclusión gremial. Es decir, no política partidaria en el sentido de un partido determinado. Que pase de una reconstrucción social comunitaria y económica hacia una construcción del individuo como reclamante de derechos. Claro está, hablamos de un plan precario, de emergencia, que tiene que ver con cuál es nuestro discurso para el corto plazo frente al reclamo de la derecha. La sociedad de pleno empleo es una salida definitiva, pero como disminución de los niveles de violencia esto puede ser una realidad hoy.
Les aseguro que si de los 2.000.000 de planes “Jefes y Jefas” se destinaran 100.000, su impacto sobre el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense repercutiría en la disminución de la violencia.
Plantear esto es también plantear una organización social que empieza a cuestionar las formas de hacer política en el territorio. Al proponerse la co-administración de estos recursos con intervención de la comunidad, se empieza a poner obstáculos a la forma instalada y perversa de hacer política de muchos gobiernos locales. La estrategia va por dos lados, llevar recursos y empeñar a romper estas tramas no sólo con la denuncia sino con una contra-trama, con la ocupación social de ese espacio.
Muchos de estos jóvenes podría plantear: “yo gano más que eso si por mes hago dos o tres hechitos”. Por eso el Programa les ofrece, además, acompañamiento y oportunidades que aunque no lo crean, estos jóvenes valoran mucho. Aún con estos problemas, son seres humanos y son jóvenes, tienen esos sentimientos. Se trata de plantear que, aún con varios delitos sobre la espalda, esos jóvenes van a participar en un periódico para el barrio, en un taller de video y en ellos están participando fulano y mengano que son amigos tuyos. En esos casos, muchas veces dicen que sí. Y durante los últimos cuatro años hemos trabajado con 2.000 jóvenes de este modo.
Todo esto apunta a no circunscribir la discusión al régimen penal, sino a la prevención. Frente a quienes afirman que hay delito debido al sistema de garantías de los menores, entonces “saquémosle las garantías a los menores”, dejar que esto siga en la categoría de problema jurídico y constitucional, pero discutir qué hacemos con la villa, qué hacemos con los jóvenes.
Otra medida tiene que ver con la Policía. La Policía no sólo no es una solución, sino que es parte del problema. Por supuesto que no es justo generalizar, hay policías de todo tipo. Pero lo cierto es que hay un grave problema de corrupción dentro de las estructuras policiales y sobre todo de las dos más grandes que son la Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, producto de todo este proceso de deterioro institucional, de todos estos negocios, incluso negocios políticos.
Ustedes se acuerdan cuando decidieron atacar los desarmaderos, y al día siguiente estaban clausurados doscientos desarmaderos. Quiere decir que sabían adónde estaban, porque en 24 horas no se puede hacer ese trabajo de inteligencia. Los tenían a la vista y simplemente fueron a cerrarlos. Hacía años que funcionaban y que la Policía, el gobierno y todo el mundo los conocía. Si se decidieran, podrían hacer lo mismo con los quioscos de droga (si cualquiera sabe adónde venden droga, no van a saber ellos), lo que detiene la decisión es el negocio económico de las instituciones.
La cuestión es cómo hacer para que la comunidad avance sobre estos asuntos. Evidentemente es muy difícil, pero en algunos lugares hemos logrado la rendición de cuentas, es decir, que la comunidad exija saber en qué se invierten los recursos policiales en un distrito determinado. Cuántos son los patrulleros que hay, cuántos los policías que hay por turno, cuáles son todos los recursos que hay y dónde están puestos. Yo no sé si será un foro o una reunión con el Intendente, no le vamos a pedir a la gente que se meta en las grandes cuestiones de inteligencia ni nada de eso, pero si hay por turno tantos patrulleros, que sepa dónde están. Y aquí tampoco estamos hablando de reprimir ni de perseguir, sino simplemente dónde está el policía que debería estar parado en una plaza. Y esto, que parece ser algo menor, adquiere una importancia muy grande, porque mucho del tiempo material de la Policía se utiliza en administrar la “recaudación”. Muchos viajes de patrulleros son para pasar por las zonas de prostitución, por los quioscos de venta de estupefacientes. En definitiva, pugnar por la trasparencia del servicio. Que haya gente de la comunidad que lo discuta con el gobierno local, que es quien decide qué recursos hay o no hay y por qué, por qué no se pide más, en fin, cuál es la mejor administración de los recursos. Así de simple e ingenua como parece, esta discusión por sí sola empezaría a hacer crujir toda la maquinaria, que está sustentada sobre la absoluta no-rendición de cuentas (“yo hago lo que se me da la gana y cuando se me da la gana, administro los recursos de acuerdo al mejor postor y de acuerdo a las internas que tengo que resolver”).
Yo soy partidario de que las organizaciones ciudadanas exijan el diálogo con el Estado, lo logren. Si el Estado lo propone mejor todavía, pero si no lo propone se lo exije, porque al fin y al cabo son los que van a elegir o no al gobierno. Entonces, es el gobierno —no la Policía— quien debe rendir cuenta de los recursos, de cómo se aplican en cada barrio, que es lo que estas organizaciones están en condiciones de controlar. Que no me vengan con el Plan de Cuadrículas, que no las veo, no sé en qué cuadrícula estoy, sino la co-administración de cómo se controla la vereda. Digamos que es como el edificio de consorcio, si yo pago mis expensas y los caños están pinchados y el ascensor no funciona, entonces tengo que llamar a una reunión de consorcio y empezar a preguntar qué pasó con las expensas que pagué. Cambiar el administrador si puedo, y si no puedo exigirle.
Muchas iniciativas de foros se han deformado. Se ha tratado de utilizar a la gente en la participación. Pero los fracasos en los intentos de participación, no nos deberían llevar a desistir de la participación como mecanismo. No tendríamos que tirar al chico por el agujero junto con el agua sucia. Se ha bastardeado mucho la palabra participación y hay muchos fracasos, pero también ha habido buenas experiencias y no veo yo otra forma de avanzar.
Una cosa potencia a la otra; la no atención del Estado desestimula la participación. Por otro lado también es cierto que estamos en una sociedad desmovilizada y muy metida para adentro, y cuando hay un intento serio de alguna organización le cuesta muchísimo reconstruir esa voluntad participativa. Pero este es el desafío de los dirigentes de hoy, el gran desafío de la dirigencia política argentina esté ocupando un cargo en el Estado o no.
Desde nuestra Dirección, en el Ministerio de Justicia, estos planes se pusieron en práctica comenzando a trabajar con un equipo multidisciplinario en Ciudad Oculta, en los Piletones de Lugano, en el Bajo Flores, las villas de Barracas, Villa 31 en Retiro, luego en Villa Tranquila de Avellaneda, la Cava y Carlos Gardel de San Isidro y algunos lugares del interior como Cipoletti. En todos los lugares se trató de grupos más o menos reducidos; creo que el más grande fue en la Villa Carlos Gardel, donde hay entre 170 y 200 jóvenes. ¿Cómo lo abordamos? Lo primero que pedimos al Municipio es que designe una cantidad de operadores comunitarios, ya sea que los contraten, los nombren o les reasignen funciones, y que tengan el perfil para trabajar en lugares como éstos. Luego, a través del Ministerio de Trabajo, obtenemos unos planes llamados PEC, unas becas con un convenio especial que permite dárselas a chicos desde los 16 años, que no necesitan exclusivamente contraprestación laboral sino que puede bastar con el regreso al colegio o el armado de otro tipo de iniciativas. Hacemos una capacitación de estos equipos, primero en la vinculación con las organizaciones sociales de estos lugares, después de una charla bastante extensa y de un reconocimiento del territorio. Así comienzan a conocerse las personas que estarían cometiendo delitos, a las que se las llama vulnerables o en riesgo con la ley. Así, con técnicas de aproximación, reuniones, etc., comienza la propuesta del plan (su “oferta”), a través de un amigo a otro. Se forman grupos de discusión sobre las historias de vida, se les asegura el ingreso regular de ciento cincuenta pesos que no son para compartir, sino sólo para el joven, y se le da la posibilidad de elegir un microemprendimiento económico con posibilidades ciertas de futuro, trabajos de capacitación, etc. Hasta tanto se logre el objetivo del trabajo formal estable. FIN DE LA GRABACIÓN.