APOYAR LA PROPUESTA NO SIGNIFICA COMPARTIR LA FORMA DE FINANCIARLO
Por Carlos Raimundi (*) BUENOS AIRES, oct 31 (DyN) - La propuesta del Poder Ejecutivo constituye un avance que si bien no llega a terminar con la pobreza se encamina en la dirección correcta.
Seguimos reafirmando el concepto de universalidad, esto es, que el derecho alcance a la totalidad de los niños sin excepción y, en donde reside la diferencia, es en la forma de percibirlo. Las familias más pudientes se apropian de los recursos fiscales por vía de la deducción del Impuesto a las Ganancias, los trabajadores en blanco a través de las asignaciones familiares y en esta propuesta a través de un subsidio directo del Estado.
Hasta hoy, vivíamos la paradoja de que cada hijo de las familias más pudientes tiene la posibilidad de deducir hasta $5.000.- por año del Impuesto a las Ganancias. Mientras que cada hijo de una familia pobre, contribuye con el fisco con el 21% del Impuesto al Valor Agregado, cada vez que compra una prenda o un útil escolar. Es decir, los hijos de los pobres aportan recursos al Estado para que éste se los descuente a los hijos de los que tienen más. A partir de esta propuesta, si bien esta distorsión no se corrige, comienza a encaminarse en una dirección más razonable.
Por otra parte, difiero con el gobierno en la forma de financiarlo. El gobierno prefirió hacerlo a través del ANSES, en lugar de destinar esos recursos para la recomposición de las jubilaciones mínimas. Si bien entiendo que los fondos del ANSES no deben permanecer inmovilizados sino financiar políticas públicas, esa disponibilidad de recursos debe hacerse bajo el control de un ente tripartito Estado-patronales-trabajadores, que figura en la ley, pero que hasta hoy no funciona. Si una parte de esos recursos, se destinara a hacer que el 80% de las jubilaciones dejen de ser la mínima, eso se volcaría al consumo, demandaría más producción y revertiría en mayores aportes al Estado, contribuyendo a un círculo virtuoso. En mi opinión, hubiese sido mucho más justo financiar los $180.- por hijo, gravando las rentas extraordinarias que hoy están exceptuadas del Impuesto a las Ganancias como las ganancias de capital financiero y las utilidades de las empresas que explotan oligopólicamente recursos extractivos. Ayudaría también optimizar la implementación de los planes sociales hoy vigentes y la transparencia de los recursos asignados al Ministerio de Infraestructura.
De todos modos, implica un paliativo para la pobreza y desde el punto de vista de la actividad económica, nutre de recursos orientados al consumo de sectores populares y al desarrollo del mercado interno.
Dos reflexiones finales: uno, para construir una sociedad más justa, no alcanza con exhibir indicadores de crecimiento económico, si al mismo tiempo no hay mayor cohesión social. Es a partir de una sociedad que se piensa a sí misma con mayores niveles de igualdad que se construyen políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo: es la cohesión social la que lleva al crecimiento sostenido, porque no todo crecimiento conlleva al desarrollo social. Y la segunda reflexión final es que si nos pusiéramos por un instante en el lugar de una madre de cuatro hijos menores que va a comenzar a recibir $180.- mensuales por cada uno de ellos, no cabría otra actitud que apoyar esta medida. Para profundizarla, en todo caso. Pero jamás ponerse en contra.
(*) Diputado Nacional por Solidaridad e Igualdad (SI)
WS SA