Nº de expediente: D-6913/05
Dictamen de Minoría
Honorable Cámara
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el expediente del Diputado Agustín Rossi, D-6913/05 y por el que se expresa apoyo a la iniciativa de someter ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con la Republica Oriental del Uruguay, por la construcción de plantas procesadores de celulosa sobre la margen izquierda del río Uruguay, y por las razones expuestas por el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, recomienda la aprobación del siguiente dictamen.
Sala de Comisiones. 16 de febrero de 2006
Carlos Raimundi
Proyecto de Declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Que la controversia originada por la construcción de las dos plantas para elaboración de pasta de celulosa sobre la margen oriental del Río Uruguay debe ser encarada en el marco de nuestra relación histórica de hermandad, comunidad cultural e intereses estratégicos comunes entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Que el nivel de conflictividad alcanzado, a raíz de la voracidad económico-financiera de las empresas así como la interesada anuencia prestada por los organismos financieros internacionales, demuestra a todas luces la incapacidad de ambos gobiernos para arribar a una solución respetuosa de la producción limpia de papel a fin de transformarla en una industria sustentable.
Que la ausencia de una salida visible a corto plazo, lejos de fracturar la profunda relación entre los pueblos argentino y uruguayo, abre la oportunidad histórica para que ambas sociedades demanden activamente a sus respectivos gobiernos la formulación de una política ambiental integral de carácter común.
Que las mencionadas obras configuran un deterioro ambiental de tal dimensión que adquiere importancia vital para los ciudadanos que habitan ambas márgenes del río.
Que por tratarse del supremo derecho humano a vivir en un ambiente sano, su jerarquía normativa corresponde al "jus cogens" (derecho imperativo) y, por lo tanto, trasciende a todo convenio bilateral suscripto entre Estados nacionales y, más aún, a los intereses económicos de las empresas involucradas.
Que la importancia de los bienes jurídicos tutelados no puede ser alterada por ningún acuerdo en contrario que celebren los Estados, tal como lo prescribe la Declaración sobre el medio ambiente humano de 1972, las Resoluciones 2995/72 y 3129/73 de la ONU y la Declaración sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ambos de 2001, así como la jurisprudencia y doctrina más actualizadas.
Que por tales razones y conforme el art. 41 y ccdtes. de la Constitución Nacional, los ciudadanos, así como las organizaciones de la comunidad de ambos países y los estados provinciales afectados, gozan de legitimación activa para acudir a toda instancia jurídica nacional, regional e internacional a fin de garantizar la plena vigencia del derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano.
Que por la gravedad del daño que importa el avance de la construcción, dicha legitimación activa de los ciudadanos y organizaciones comunitarias incluye de modo principal la solicitud de una "medida cautelar de no innovar" que imponga a la República Oriental del Uruguay cumplir con su obligación internacional de ordenar a las empresas detener las obras.
Que en caso de agotarse todas las instancias de negociación directa así como otras instancias judiciales, el gobierno argentino actúe conforme lo determina el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay.
Informes
Honorable Cámara
Quien suscribe viene a fundamentar este dictamen en minoría respecto del expediente D-6913/05, por las cuestiones de forma y de fondo que pasamos a exponer.
El derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental de las personas e importa un bien jurídicamente protegido de raigambre constitucional. En función de lo normado por el articulo 41 de nuestra carta Magna, es insoslayable el deber del estado de preservarlo, a través de las prestaciones positivas, con el objeto de propiciar un ambiente saludable, evitando que otros lo alteren o destruyan.
La acción humana sobre el medio ambiente conlleva, en ciertos casos, una grave degradación del mismo. La industria papelera es una de las grandes responsables de los problemas de contaminación que afectan al planeta. Nuestro país debe actuar con firmeza frente a la iniciativa de la construcción de las papeleras en las costa de oriental del Río Uruguay, que no solo amenazan con destruir el ecosistema común sino también con afectar otras actividades económicas de la región.
La producción de pasta celulosa generará, según el proyecto empresario, un promedio de 41.500 metros cúbicos de efluentes diarios conteniendo fosforados, nitrogenados y clorados de elevada toxicidad que serán vertidos en el Río Uruguay, recurso natural compartido con la República Argentina.
Estos sistemas productivos han sido aprobados por el gobierno uruguayo sin dar cumplimiento a sus obligaciones de proteger el recurso compartido tal como lo establece el tratado y según el cual ambas naciones se comprometieron, entre otras cosas a proteger y preservar el medio acuático y, en particular a prevenir su contaminación. Este estatuto, que establece mecanismos para el óptimo y racional aprovechamiento del recurso compartido, ha sido ratificado por nuestro país a través de la Ley 21.413.
La región vive horas complicadas. Al cabo de tres "décadas perdidas" -los setenta en lo político, los ochenta en lo económico y los noventa en lo social- se presentan condiciones inmejorables para el despegue regional: tenemos continuidad electoral, expansión económica internacional y descrédito del neoliberalismo, y no obstante, la falta de visión estratégica de los gobernantes está poniendo en peligro las posibilidades de esta nueva oportunidad.
La esperanza, la convicción o la adhesión retórica al sueño bolivariano no son suficientes por sí mismas para materializar el objetivo de la integración profunda. Hay que sumarles visión estratégica común, inteligencia y generosidad -cualidades que sí tuvieron quienes lideraron los procesos de integración más exitosos y duraderos-. Y que además, no se limitaron a integrar el acervo intelectual de esos estadistas, sino que, como tales, fueron capaces de transformarlas en sentido común, en rutinas éticas de las sociedades que protagonizaron dichos procesos.
Cuando hay vacío de relación estratégica, emergen los problemas coyunturales y se convierten ellos mismos en la esencia de la relación. Así, más importante que desplegar nuestro humanismo histórico que tan bien caracteriza Helio Jaguaribe, o asumir posiciones comunes en la agenda mundial, o tender a la complementación productiva y comercial, la relación argentino-brasileña parece estar signada por un cupo de electrodomésticos. Y del mismo modo, más que recuperar la unidad territorial que nos dejamos arrebatar en el siglo XIX y rescatar nuestra profunda identidad cultural, la relación entre argentinos y uruguayos parece tomar el nombre de papeleras y la densidad de la pasta de celulosa.
Sorprende que nada menos que un gobierno del Frente Amplio uruguayo tenga en agenda la firma de un tratado bilateral denominado de "libre comercio" con los EE.UU. Un tratado que, como en el siglo XIX lo fue el tratado de libre navegación con Gran Bretaña, mostrará seguramente algunos tentadores beneficios de corto plazo, para luego profundizar estructuralmente nuestros lazos de dependencia. Tratados que, bajo el escudo de ciertas preferencias en el comercio bilateral -como en el siglo XIX lo fue la libre navegación- incluyen la liberalización de la cuenta de capital, concesiones en el régimen de propiedad intelectual, patentes y compras públicas. Tratados que no contemplan medidas que liberen el comercio agrícola, y aún cuando lo hicieran mediante la baja de aranceles, luego las contrarrestarían con otras barreras para-arancelarias como las de protección laboral, ambiental, fitosanitaria o de seguridad animal.
Apena también, el acercamiento militar de Paraguay a los EE.UU., que facilitará a ese país el control de la región. , en momentos en que los EE.UU. región.
Pero lo más preocupante es la falta de grandeza e inteligencia de los países grandes del MERCOSUR, principalmente de Brasil, que no hemos ofrecido a los estados de menores dimensiones un proyecto de integración de calidad, que hiciera tangibles sus beneficios a sus respectivas poblaciones.
Una condición que diferencia al gobernante que atiende el corto plazo, del estadista abocado a construir un destino continental, es su actitud frente a la presión de las corporaciones nacionales.
Lo marca la experiencia histórica de la cual parecemos no aprender. Lo mejor para el pueblo paraguayo no es, aunque lo parezca en el corto plazo, enquistar en su territorio tropas, material bélico y alta tecnología militar del país que puso al mundo en pánico en nombre de la seguridad, y que justifica la tortura en nombre de la democracia. Lo mejor para el pueblo brasileño no es tener un asiento en un Consejo de Seguridad de la ONU ampliado en número, sino liderar culturalmente la democratización de las relaciones de poder mundial. Lo mejor para el pueblo argentino no es limitar el ingreso de refrigeradores provenientes de Brasil, en lugar de diseñar una política común en nombre de 200 millones de ciudadanos para penetrar con la marca de la región el mercado internacional.
Sostenemos que deben mantenerse abiertos todos los canales de diálogo hasta dar por agotadas todas las instancias. En el caso extremo que éstas instancias de diálogo y negociación se agoten no nos negamos a que la Argentina acuda a instancias jurídicas superiores.
Pero la mayor fortaleza de una eventual presentación argentina en un Tribunal Internacional no la constituye los recovecos jurídicos de la controversia, donde está demostrado que el Uruguay también puede esgrimir sus razones, sino en la estatura moral y la coherencia política de tal presentación. Para lo cual los argumentos jurídicos deben ser inexorablemente acompañados por nuestro compromiso formal de poner en ejecución inmediata una política integral de defensa de un medio ambiente sano y de la explotación racional de los recursos naturales.
Lo que ninguna Corte Internacional convalidará es el doble standard. Así como el sujeto activo del derecho humano al medio ambiente es el ciudadano, más allá de las fronteras estatales, no podríamos avalar la vigencia de parámetros ambientales transfronterizos, si al mismo tiempo no los respetamos fronteras adentro de nuestro país.
El otro factor primordial inherente a nuestra fortaleza es la conciencia y movilización de nuestro pueblo. Venimos de la reiteración histórica de un mecanismo por el cual los gobiernos se montan en este tipo de reclamos populares y se hacen eco de los mismos en el momento de más alta conflictividad, y en paralelo crean escenarios artificiales, como comisiones, grupos de trabajo o instancias jurídicas, que operan como válvula de escape que utiliza a su favor el paso del tiempo, el desgaste hasta que los conflictos decaen en su intensidad y terminan casi en el olvido, solamente en la memoria damnificados más directos.
El único modo para que la salida propuesta por el gobierno resulte viable es que, por una parte la acompañe de un plan ambiental integral, y al mismo tiempo se apoye en la movilización activa de la ciudadanía.
Estamos frente a una inmejorable oportunidad de dar un cauce institucional a la protesta y las proposiciones de las distintas organizaciones comunitarias que, perdida su credibilidad en las instituciones republicanas o cercenados de jure o de facto otros canales de expresión, no han encontrado otra vía que la irregular para canalizar su protesta. Se impide el ejercicio de algunos derechos en nombre del reconocimiento de otros igualmente legítimos, se enfrenta a unos trabajadores con otros, a unos ciudadanos con otros, y se profundizan las grietas que el poder económico intenta abrir interesadamente entre nuestros pueblos. Muchas veces mediante la corrupción, o en este caso la torpeza, del poder político.