Señor presidente: el bloque del ARI planteó las diferencias que tenemos con el dictamen de la mayoría. Yo me voy a circunscribir a una sola de esas diferencias, que es nuestro criterio de que es el Estado, con fondos públicos, el que debe financiar la política. No debe financiársela con fondos provistos por empresas privadas.
Como ya se ha dicho aquí -quiero ratificarlo-, se trata de un concepto profundamente diferente acerca de la política, porque se la torna una inversión empresaria: invierto en política para recuperar mi inversión una vez que el partido al que financié llega al gobierno. Las empresas financian al partido de gobierno para que éste les devuelva favores.
Lo que estoy diciendo no es simplemente una opinión o una presunción o una sospecha. Al respecto, me limitaré a señalar datos absolutamente concretos que forman parte de la información y no de la opinión política.
¿Qué queremos evitar en concreto? Que en el futuro se repitan hechos como los que hemos detectado en la campaña del año 2005 del Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires, cuando resultara ungida como senadora nacional la primera dama. ¿A qué me refiero? A la constatación de por lo menos trece cheques cuya fotocopia -donde consta número de cheque, banco, etcétera- solicitaré sea insertada en el Diario de Sesiones. Una vez consultada la página pertinente tanto del ministerio federal como del ministerio provincial, detectamos que en la totalidad de esos cheques -que a continuación de "páguese a" dicen "Frente para la Victoria"- corresponde a las siguientes empresas.
CAVCON S.A., cheque 35294257 del Banco Credicoop: más de mil viviendas adjudicadas en el partido de General Rodríguez; TECMA S.R.L. -se especifica CUIT y monto del cheque: trescientas viviendas en Florencio Varela, cien en General Alvear y sesenta en Roque Pérez; Wayro, más de trescientas viviendas concedidas en el partido de Azul; Arqua S.A., cheque 34823114 del Banco de la Provincia de Buenos Aires: seiscientas viviendas en La Matanza y trescientas en el partido de Moreno; Dacey S.A., cheque 39617307 del Banco de la Provincia de Buenos Aires: cuatrocientas setenta y cuatro viviendas en el partido de Zárate; Trevisiol Hermanos S.A. -se especifica número de cheque y de CUIT: viviendas adjudicadas en Carlos Casares, General Pinto, Leandro N. Alem y Vedia. También podemos citar a la Edificadora Tauro, y a Calcaterra S.A., con viviendas adjudicadas en Benito Juárez, Berazategui y San Nicolás. Empresa Cartellone: cheque por un monto de 30.000 pesos, con más de setecientas viviendas en el partido de La Matanza.
Pasemos de las concesionarias de obra pública por el plan vial a las concesionarias y proveedoras del Estado.
Entre ellas podemos citar a Helport S.A. Mediante el decreto 1007/03 se le otorgó la concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, etcétera, del Corredor Vial N° 4; Homaq S.A., cheque 3120708 del Banco de la Nación Argentina: mediante el decreto 1007/03 se le otorgó por peaje la concesión de la construcción, mejoras, reparación, etcétera, del Corredor Vial N° 2; Coprisa S.A: por el mismo decreto se le otorgó la concesión por peaje del Corredor Vial N° 5, y a AEC Sociedad Anónima, el acceso a Ricchieri, cheque N° 10.678.722 del Banco de Galicia. A COVIARES, que aporta 9 mil pesos -en lo que nosotros hemos detectado, no sé la totalidad- y tiene la concesión de la autopista Buenos Aires- La Plata. Y como si esta información todavía fuera poca, el cheque N° 13, cheque 38.189.525 del Banco de la Provincia, corresponde a un aporte hecho para el Frente para la Victoria -adjunto fotocopia para acercar a Secretaría- por el Grupo BAPRO, ni siquiera una empresa privada. La persona de derecho público del Banco de la Provincia de Buenos Aires aporta fondos de campaña al Frente para la Victoria, violando claramente el artículo 34 de la ley 25.600.
Esto no es opinión política sino información concreta, por la cual llegamos a la conclusión de que no cabe presentar como un avance las reformas que van en un sentido positivo de esta ley si ni siquiera hemos tenido la decisión de cumplir la ley presente.
El concepto profundo es superar este criterio de la política como inversión: "financio al partido oficial para que éste con fondos de la sociedad después devuelva los favores a mi empresa".
Toso esto forma parte de una denuncia penal efectuada por el ARI de la Provincia de Buenos Aires en octubre último, y radicada en el Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata a cargo del Dr. Humberto Blanco.