El jueves se realizó la primera audiencia del juicio oral contra el dirigente social por haber opinado en contra del gobierno de Macri. Culminará el viernes. El fiscal Marcelo Romero impulsó la denuncia. También cambiaron la carátula de la causa por pedido de la fiscalía a "incitación a la violencia colectiva".
Por Pablo Pellegrino - Diario Contexto
Militantes de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron el jueves en las inmediaciones de los tribunales de La Plata, donde montaron una radio abierta para repudiar el comienzo del juicio oral contra el dirigente político y social Fernando Esteche por haber opinado en contra del gobierno de Mauricio Macri en 2016. El juicio culminará el viernes y nuevamente habrá presencia de militantes de las organizaciones y del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos.
En la primera audiencia declararon testigos aportados por la defensa de Esteche y también habló el fiscal Marcelo Romero, que de oficio se presentó en la Justicia para denunciar al dirigente.
La carátula inicialmente era la de «apología del crimen», pero, tal como había denunciado la familia del exlíder de Quebracho, la fiscal Victoria Huergo pidió que se lo juzgue por «incitación a la violencia colectiva». La nueva figura adoptada tiene penas más duras, que van de tres a seis años de prisión.
Fuentes cercanas a la defensa dijeron que el testimonio de Romero no fue suficiente y que la causa carece de pruebas fehacientes, ya que solo constan artículos periodísticos. También cuestionaron fuertemente la interrogación al resto de los testigos, a quienes les preguntaron por la trayectoria del movimiento Quebracho y hasta por los antecedentes de uno de los dirigentes y compañero de Esteche, Raúl Boli Lescano, fallecido en septiembre de 2016.
«Si serás indomable que en un juicio del año 2019 te usan para estigmatizar a luchadores populares. Orgulloso de haber sido tu compañero, Boli. Sos eterno», escribió más tarde Esteche en la red social Twitter.
«Estoy azorado porque envuelvan como un juicio algo que es una estupidez, que es demencial», dijo en la radio abierta que realizaron los allegados del dirigente fuera del tribunal el ex diputado nacional e integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, Carlos Raimundi, y agregó: «No conozco a la fiscal, pero si ha salido de la Universidad de La Plata, como docente de la Facultad de Derecho, me da vergüenza».
«Tenemos personas que se mueren de frío por la situación de calle, tenemos familias que si pagan la tarifa no pueden comer o le hacen pasar frío a los nenes porque tienen miedo de prender la estufa, y la Justicia en lugar de hacer justicia con esos casos gasta todo lo que está gastando para juzgar a Fernando por una presunta incitación a la violencia», manifestó Raimundi. Y concluyó: «La única explicación es que hay miembros del Poder Judicial que son militantes políticos de la oligarquía que buscan condenar a los militantes del campo popular. No hay dimensión jurídica que sea capaz de explicar lo que estamos viendo en esta audiencia».
Esteche se encuentra detenido desde diciembre de 2017 en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA (es el único que sigue detenido por esa causa).
Entre las manifestaciones de solidaridad y repudio al juicio que se le sigue, la semana pasada el bloque de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana emitió un comunicado en el que manifiestan su preocupación por el enjuiciamiento de Esteche «por ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión».
«Este hecho representa, una vez más, una persecución que impulsa el fiscal Marcelo Romero junto a sectores del Poder Judicial y político que intentan acallar voces críticas y opositoras en un contexto de feroz ajuste y penurias para las grandes mayorías», sostuvieron los legisladores. Y añadieron que «resulta insólito que sea enjuiciado por dar opiniones en un plenario y que se consideren estos hechos como apología del delito, cuando en realidad el proceso judicial en su contra representa un delito por poner límites a la libertad de expresión».
Publicación original Diario Contexto